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PRESUNTOS DOCUMENTOS FALSOS, CUESTIONAMIENTOS A LA CAPACIDAD DEL CONSORCIO Y UNA OBRA MILLONARIA EN LA MIRA. ¿QUÉ OCURRIÓ CON LA ADJUDICACIÓN Y QUIÉNES DEBEN DAR EXPLICACIONES?

YURIMAGUAS, LORETO. Un proyecto destinado a mejorar la conectividad aΓ©rea de Alto Amazonas enfrenta serios cuestionamientos que merecen respuestas inmediatas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Se trata de la rehabilitaciΓ³n del AerΓ³dromo de Yurimaguas, adjudicada mediante el Contrato N.Β° 158-2025-MTC/10.02, suscrito el 25 de septiembre de 2025 con el Consorcio Argos, integrado por CorporaciΓ³n Katsumoto y Grupo Bucer, por S/ 80,868,102.81.

Lo que debΓ­a representar un importante avance para el desarrollo de la AmazonΓ­a peruana se encuentra ahora bajo la sombra de presuntas irregularidades en el procedimiento de contrataciΓ³n.

𝐓𝐑𝐄𝐒 π‚π”π„π’π“πˆπŽππ€πŒπˆπ„ππ“πŽπ’ 𝐐𝐔𝐄 π„π—πˆπ†π„π 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐒

SegΓΊn la informaciΓ³n difundida y el anΓ‘lisis especializado recogido en las capturas consultadas, los cuestionamientos estarΓ­an relacionados con:

1. PRESUNTA FALTA DE EXPERIENCIA TÉCNICA. Se cuestiona si el consorcio acreditó correctamente la experiencia del personal profesional exigido para ejecutar una infraestructura aeroportuaria de esta magnitud.

2. POSIBLE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. Se ha seΓ±alado que una de las empresas integrantes del consorcio habrΓ­a tenido restricciones legales durante el procedimiento de selecciΓ³n. Esta situaciΓ³n requiere una verificaciΓ³n oficial que determine su existencia, alcance y consecuencias.

3. DOCUMENTACIΓ“N PRESUNTAMENTE FALSA. La informaciΓ³n difundida atribuye a un informe de control observaciones sobre al menos tres documentos utilizados para sustentar la propuesta tΓ©cnica. De confirmarse, estarΓ­amos ante hechos de especial gravedad que podrΓ­an comprometer la legalidad de la adjudicaciΓ³n.

Las capturas mencionan el Informe de AuditorΓ­a N.Β° 021-2026-2-5304-AC. Sin embargo, su contenido Γ­ntegro y sus conclusiones requieren corroboraciΓ³n documental antes de atribuir responsabilidades definitivas.

𝐄𝐋 ππ‘πŽππˆπŽ π„π—ππ„πƒπˆπ„ππ“π„ 𝐃𝐄𝐋 πŒπ“π‚ 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄𝐂𝐄 π„π—πˆπ†π„ππ‚πˆπ€π’ 𝐐𝐔𝐄 𝐍𝐎 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄𝐍 πˆπ†ππŽπ‘π€π‘π’π„

Los tΓ©rminos de referencia de la obra, contenidos en un documento oficial de 51 pΓ‘ginas, establecen requisitos sobre capacidad del contratista, experiencia profesional, garantΓ­as, supervisiΓ³n, calidad y ejecuciΓ³n contractual.

El documento contempla un presupuesto referencial de S/ 85,124,318.74 y un plazo de 270 dΓ­as calendario.

AdemΓ‘s, exige una garantΓ­a de fiel cumplimiento equivalente al 10 % del contrato original y dispone controles para verificar la presencia del personal acreditado y el avance fΓ­sico y financiero de los trabajos.

Por eso, una pregunta resulta inevitable:

ΒΏCΓ“MO SE VERIFICARON LOS REQUISITOS DEL CONSORCIO ANTES DE COMPROMETER MÁS DE 80 MILLONES DE SOLES?

ΒΏππ”π‹πˆπƒπ€πƒ 𝐄𝐍 π‚π€πŒπˆππŽ 𝐘 𝐔𝐍𝐀 πŽππ‘π€ 𝐄𝐍 π‘πˆπ„π’π†πŽβ“

Una captura del seguimiento contractual del MTC identifica el caso bajo el apartado β€œNulidad de contrato de ejecuciΓ³n de obras del Aeropuerto de Yurimaguas” y muestra un avance fΓ­sico del 0.8 %, ademΓ‘s de actuaciones de verificaciΓ³n de la oferta ganadora.

Estos datos reflejan la necesidad de esclarecer la situaciΓ³n administrativa del contrato, pero no permiten afirmar, por sΓ­ solos, que la nulidad ya haya sido declarada.

La eventual presentaciΓ³n de documentos falsos o la existencia de impedimentos legales podrΓ­an generar consecuencias administrativas e incluso penales, siempre que los hechos sean debidamente acreditados por las autoridades competentes.

¿𝐘 𝐋𝐀 π‘π„π’π“π‘πˆπ‚π‚πˆπŽΜπ 𝐃𝐄 π‹πŽπ’ πŸπŸ“πŸŽ πŠπˆπ‹πŽΜπŒπ„π“π‘πŽπ’β“

A esta controversia se suma otra interrogante planteada en la opiniΓ³n especializada difundida: la presunta existencia de una clΓ‘usula de exclusividad aeroportuaria vinculada al aeropuerto concesionado de Tarapoto.

SegΓΊn esa interpretaciΓ³n, una restricciΓ³n contractual de 150 kilΓ³metros podrΓ­a limitar la autorizaciΓ³n de nuevos aeropuertos comerciales bajo determinadas condiciones hasta 2031.

No obstante, los tΓ©rminos de referencia revisados corresponden a la rehabilitaciΓ³n de infraestructura existente y no acreditan que esa clΓ‘usula impida ejecutar las reparaciones contratadas en Yurimaguas.

Corresponde al MTC y a las entidades reguladoras aclarar pΓΊblicamente el alcance real de cualquier restricciΓ³n contractual.

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La ciudadanΓ­a merece conocer quiΓ©nes evaluaron la documentaciΓ³n del consorcio, quΓ© verificaciones se realizaron, cuΓ‘l es el estado del procedimiento de nulidad y quΓ© medidas se estΓ‘n adoptando para proteger los recursos pΓΊblicos.

TambiΓ©n corresponde escuchar los descargos del Consorcio Argos y de los funcionarios involucrados, sin adelantar responsabilidades que todavΓ­a deban determinarse.

ΒΏQUIΓ‰N GARANTIZA QUE LOS MÁS DE S/ 80 MILLONES COMPROMETIDOS PARA YURIMAGUAS ESTÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS?

¿SE DECLARARÁ LA NULIDAD DEL CONTRATO O EL MTC DESCARTARÁ FORMALMENTE LOS CUESTIONAMIENTOS?

ΒΏQUIΓ‰NES ASUMIRÁN LAS RESPONSABILIDADES SI SE CONFIRMAN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES?

La fiscalizaciΓ³n no puede quedarse en anuncios ni documentos archivados. El pueblo de Alto Amazonas necesita transparencia, resultados y una infraestructura aeroportuaria segura.

Β‘LOS MILLONES SON PÚBLICOS Y LAS EXPLICACIONES TAMBIΓ‰N DEBEN SERLO!

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