¿Quién está defendiendo realmente al río Marañón? Esa es la pregunta que vuelve a cobrar fuerza ante nuevas imágenes y testimonios ciudadanos que denuncian la presunta expansión de actividades vinculadas a la minería ilegal en sectores del distrito de Manseriche, especialmente en comunidades indígenas y ribereñas ubicadas en el ámbito de Saramiriza.
Hace aproximadamente cuatro meses ya advertíamos sobre esta preocupante situación. Hoy, según nuevos reportes ciudadanos, el problema no solo continuaría, sino que estaría extendiéndose.
Las imágenes recibidas muestran grandes montículos de material acumulado en distintos puntos de la ribera del río, así como zonas aparentemente removidas y alteradas. También se observa una estructura flotante de características artesanales equipada con tuberías de gran diámetro, maquinaria y estructuras metálicas, además de tuberías y otros elementos depositados en tierra firme cerca de viviendas.
Estas fotografías, por sí solas, no permiten confirmar la presencia de mercurio ni determinar la legalidad de las operaciones observadas. Sin embargo, sumadas a los testimonios recibidos, generan serias interrogantes que deberían ser investigadas de manera inmediata por las autoridades ambientales y competentes.
Un ciudadano de la zona asegura que estas actividades se registrarían desde años anteriores, pero que desde 2024 habría observado un incremento considerable de dragas y maquinaria, señalando como puntos críticos sectores comprendidos desde la comunidad 28 de Julio hasta Borja, a lo largo del río Marañón y camino al Pongo de Manseriche.
Según su testimonio, personas vinculadas a estas actividades estarían comprando o utilizando chacras para realizar trabajos de extracción de oro, dejando posteriormente terrenos severamente alterados. También denuncia la presencia de excavadoras que serían internadas en zonas de monte y un creciente movimiento de trabajadores locales y foráneos.
Otro aspecto que preocupa es la situación de las comunidades indígenas y ribereñas, entre ellas población Awajún. En sectores donde el acceso al agua potable es limitado, muchas familias dependen directamente de fuentes naturales y del agua de lluvia. Por ello, cualquier eventual contaminación del río podría representar un riesgo especialmente grave para la alimentación, la pesca y la salud de la población.
La denuncia ciudadana también apunta a una supuesta escasa presencia de operativos de control. Los pobladores cuestionan si las intervenciones se realizan con suficiente capacidad de inteligencia y sorpresa para encontrar estas actividades en plena operación.
¿Dónde está el Estado? ¿Quién fiscaliza las dragas? ¿Qué acciones concretas están ejecutando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Marina y las demás instituciones competentes? ¿Cuántas investigaciones se han iniciado y cuáles han sido sus resultados?
También corresponde preguntar qué acciones viene adoptando la FEMA competente territorialmente frente a las reiteradas alertas sobre lo que estaría ocurriendo en esta parte del Marañón. La ciudadanía merece conocer si existen investigaciones en curso, operativos programados y responsabilidades identificadas.
Y hay una pregunta que también debería ingresar al debate electoral: ¿qué proponen los candidatos municipales y regionales para enfrentar la minería ilegal, la contaminación de los ríos y la deforestación? La defensa del Marañón y de las comunidades amazónicas no puede aparecer únicamente en discursos de campaña.
Cualquier sospecha sobre eventuales vínculos entre economías ilegales y financiamiento político requiere pruebas y una investigación seria de las autoridades competentes; no corresponde presentarla como un hecho sin evidencia. Pero sí resulta legítimo exigir transparencia sobre el origen de los fondos de campaña, especialmente en territorios golpeados por actividades ilícitas y delitos ambientales.
El Marañón no puede convertirse en tierra de nadie. Si las denuncias ciudadanas son ciertas, estamos frente a una situación que exige una intervención urgente, articulada y sostenida. Y si las autoridades consideran que estas afirmaciones no corresponden con la realidad, entonces deben acudir a la zona, investigar y explicar públicamente qué está sucediendo.
El silencio también genera preguntas. Cada día que pasa sin fiscalización efectiva puede significar más bosque afectado, más chacras intervenidas y una mayor presión sobre uno de los ríos más importantes de nuestra Amazonía.
La población exige respuestas, pero sobre todo resultados. El río Marañón y las comunidades que dependen de sus aguas no pueden seguir esperando.
