La población del distrito de Cahuapanas, en la provincia del Datem del Marañón, región Loreto, se ha declarado en pie de lucha y decidió no permitir el inicio del año escolar 2026 hasta que las autoridades atiendan su pedido urgente de construcción de una nueva infraestructura educativa.
Durante una entrevista concedida al programa Apertura Informativa desde la ciudad de Yurimaguas, el profesor Jesús Pinedo Escobedo, director encargado de la institución educativa de Santa María – capital del distrito de Cahuapanas –, explicó que los padres de familia y autoridades comunales tomaron esta medida debido al avanzado deterioro del local escolar, que tiene más de 35 años de antigüedad y actualmente representa un peligro para los estudiantes.
Según manifestó el director, las aulas se encuentran en condiciones críticas y podrían colapsar, poniendo en riesgo la seguridad, la salud y la vida de los niños.
“Los padres de familia han decidido no permitir el inicio de las clases porque la infraestructura está por desplomarse. No es un capricho, es una decisión tomada por la seguridad y la vida de nuestros hijos”, expresó Pinedo Escobedo.
El docente también indicó que durante años se han enviado documentos, memoriales y solicitudes al Gobierno Regional de Loreto y a las autoridades educativas, sin recibir una respuesta concreta a la problemática.
Frente a esta situación, la población ha acordado mantener su medida de lucha hasta obtener una solución definitiva. El pedido principal es la construcción urgente de una nueva institución educativa, para garantizar condiciones dignas de estudio para los estudiantes de la zona.
Asimismo, se informó que se ha conformado una comisión de autoridades y representantes de la comunidad que viajará a la ciudad de Lima en los próximos días, con el objetivo de gestionar directamente ante el Gobierno Central y otras instancias del Estado la ejecución del proyecto.
El director también confirmó que la institución educativa ya cuenta con expediente técnico, por lo que esperan que las autoridades regionales y nacionales atiendan con prontitud esta demanda considerada urgente por la población.
Mientras tanto, los padres de familia, niños y autoridades locales continúan expresando su protesta con carteles y mensajes públicos, exigiendo infraestructura adecuada y respeto al derecho de los estudiantes a una educación segura y digna.
