Manseriche, Datem del Marañón. Una cifra que merece ser explicada con absoluta transparencia está generando preocupación: 255 derechos o concesiones mineras figurarían en el distrito de Manseriche, entre áreas tituladas, en trámite y otras situaciones registrales, según información atribuida al catastro minero de INGEMMET.
La imagen del territorio resulta inquietante: extensas áreas aparecen cubiertas por cuadrículas vinculadas a derechos mineros. Y frente a ello surge una pregunta que las autoridades no deberían evadir:
¿Cuánto del territorio de Manseriche está comprometido por derechos mineros y qué garantías existen para proteger sus bosques, quebradas, ríos y comunidades?
Desde un medio de comunicación de la Iglesia Católica, creemos que el desarrollo económico no puede desligarse del respeto a la vida, la dignidad de los pueblos y el cuidado de nuestra Casa Común.
¿US$ 3 POR HECTÁREA?
El propio INGEMMET informa que, para formular un petitorio bajo el régimen general, el derecho de vigencia es de US$ 3 por hectárea, mientras que el derecho de trámite actualmente señalado en su plataforma es de S/ 246,90.
Este dato inevitablemente abre el debate: ¿el sistema vigente establece suficientes salvaguardas frente a la magnitud territorial que puede involucrar una concesión minera?
Debe precisarse algo fundamental: obtener una concesión minera no equivale a recibir autorización automática para iniciar explotación. El título de concesión otorga un derecho minero, pero el desarrollo posterior de actividades está sujeto a otras autorizaciones, instrumentos ambientales y obligaciones legales.
El procedimiento oficial incluye el pago del derecho de vigencia y trámite, la presentación del petitorio, su evaluación, la publicación de los avisos correspondientes y, de cumplirse las condiciones legales y no existir oposición, el eventual otorgamiento del título. INGEMMET señala además que, cuando existe superposición con áreas naturales protegidas, debe solicitarse al SERNANP la evaluación de compatibilidad correspondiente.
EL PROBLEMA NO TERMINA EN LA MINERÍA ILEGAL
Durante años gran parte de la discusión pública se ha concentrado —con razón— en la minería ilegal. Sin embargo, eso no significa que la minería formal deba quedar fuera del escrutinio ciudadano.
La legalidad de una concesión no reemplaza la fiscalización ambiental.
En un territorio amazónico sensible como Manseriche, cualquier intervención que eventualmente avance hacia exploración o explotación debe ser observada con especial rigor, sobre todo cuando están en juego fuentes de agua, bosques y territorios habitados por pueblos indígenas.
Aquí las preguntas son inevitables:
¿Dónde se encuentran exactamente esas 255 áreas? ¿Cuántas están tituladas y cuántas en trámite? ¿Qué superficie representan? ¿Existen superposiciones con comunidades, cuerpos de agua, bosques, concesiones forestales u otras zonas ambientalmente sensibles?
Son datos que deberían estar al alcance de la ciudadanía de manera clara y comprensible.
Y EN MEDIO DE ESTA DISCUSIÓN APARECE OTRA ALERTA
La preocupación aumenta por el actual debate nacional sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia ambiental y de recursos naturales.
El Congreso informó el 9 de septiembre que parte de esas facultades comprende reformas relacionadas con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA), el marco normativo de Áreas Naturales Protegidas y las normas sobre exploración y explotación de hidrocarburos. En una reunión parlamentaria con especialistas y organizaciones de la sociedad civil se recogieron preocupaciones y alertas sobre sus posibles implicancias.
Por ello, debe manejarse con especial responsabilidad la afirmación de que las modificaciones permitirían directamente “recortar áreas protegidas para proyectos de hidrocarburos”: el alcance definitivo dependerá del texto que finalmente sea aprobado y de las normas que eventualmente se emitan.
Pero la sola posibilidad de modificar reglas que protegen ecosistemas sensibles obliga a mantener una fiscalización pública permanente.
🌿 ¿MANSERICHE SERÁ ESCUCHADO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE?
El desarrollo es necesario. La inversión también puede generar oportunidades. Pero ninguna cifra económica puede colocarse por encima del agua, los bosques, la salud de las comunidades y el futuro de nuestros hijos.
La Amazonía no puede ser vista únicamente como un mapa dividido en cuadrículas disponibles para actividades extractivas.
Desde nuestra responsabilidad como medio de comunicación inspirado en los valores de la Iglesia Católica, hacemos un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales para que exista transparencia, información pública, fiscalización ambiental rigurosa y respeto irrestricto a las comunidades y a nuestra Casa Común.
255 concesiones o derechos mineros en Manseriche no pueden convertirse simplemente en una cifra más. La ciudadanía merece saber qué hay detrás de cada cuadrícula y qué podría ocurrir mañana sobre esos territorios.
Porque el oro puede tener un precio.
Pero nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de nuestros pueblos no deberían tenerlo.
