En un escenario marcado por la alta conflictividad social, un deplorable espectáculo que quiebra la ética profesional sacudió a San Lorenzo. Los abogados Edilberto Najantay Gonzales y Tomy Antonio Ríos Arce, ambos servidores públicos de la UGEL local, se enfrascaron en una violenta gresca a puñetazos y patadas en plena vía pública, específicamente en la intersección de las calles Amazonas y Huallaga. El altercado, que dejó atónitos a los transeúntes, requirió la intervención inmediata de la fiscal de turno, Samantha Villena, y de la Policía Nacional, quienes trasladaron a los involucrados a la comisaría. Durante el incidente, Elia Nolorbe Peña, pareja de Najantay, resultó herida al intentar intervenir. Las tres personas fueron derivadas al centro de salud para la evaluación médica correspondiente.
Este lamentable proceder de quienes representan la legalidad impacta negativamente en San Lorenzo, una ciudad habitada por siete pueblos indígenas. En una urbe que arrastra profundas brechas en la construcción de una ciudadanía intercultural, la conducta de los letrados vulnera el principio ético de ejemplaridad. Los abogados, llamados a ser mediadores y guardianes del derecho, terminan legitimando la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.
Las consecuencias para la población son preocupantes: este comportamiento dinamita la precaria confianza institucional y profundiza la polarización social. En un entorno con tensiones preexistentes, que las autoridades llamadas a estructurar el diálogo recurran a la fuerza física envía un mensaje destructivo a las comunidades nativas, debilitando el tejido social y alejando la posibilidad de consolidar una convivencia armónica y un verdadero Estado de derecho intercultural. La ciudadanía exige sanciones éticas y administrativas ejemplares.
